¿Deben las empresas definir su política medioambiental?
Por Luisa M. Valdez Lorenzo
El establecimiento de una
política medioambiental constituye hoy en día una necesidad, ya que esto
implica realizar esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la
vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. A partir del 1972, fruto de
la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Humano que promovió una
conciencia ambiental creciente, los gobiernos han establecido políticas
medioambientales a nivel regional, nacional e internacional.
Los
problemas ambientales que estamos viviendo han impulsado a muchas empresas a
nivel mundial a contribuir con su solución mediante acciones específicas
estrechamente ligadas a su quehacer. De ahí que, por ejemplo, se espera que una
institución académica trace una política medioambiental coherente con la
misión, la visión y los principios que la guían. En tal sentido, la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) desde el 2010 desarrolla una serie de
acciones a través del programa “Soy UNPHU, pienso en verde”, así como de la
oferta de diversas asignaturas relativas a la conservación del medio ambiente,
lo cual muestra una política ambiental institucional muy bien definida en el
ámbito académico.
El programa “Soy UNPHU, pienso
en verde” fue creado en el año 2010 por la fundación PROUNPHU y el Departamento
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
y Recursos Naturales. Esta campaña innovadora refleja la filosofía de esta
universidad para mejorar y cuidar el entorno ecológico del campus. Además, esta
estrategia de gestión ambiental va encaminada a que nuestra sociedad optimice
el uso de los recursos naturales, mediante una labor académica que motiva a
nuestros estudiantes a comprometerse con acciones concretas como son la
clasificación de los desechos sólidos, la reutilización del papel y el uso de
objetos plásticos para artesanía, entre otras.
Son
nuestros estudiantes y docentes universitarios quienes que participan con
entusiasmo en trabajos de investigación en las áreas naturales protegidas,
actividades ecológicas, artísticas y teatrales, así como en jornadas de
reforestación y de limpieza de costas. Estas acciones puntuales buscan optimizar
el uso de los recursos naturales e impulsar y conducir la sociedad dominicana hacia
el desarrollo sostenible.
Por otro lado, a través de
la Escuela de Graduados, la UNPHU presenta entre sus opciones académicas la
asignatura Políticas Medioambientales (POL-628) y la maestría en Ciencias para
Docentes, especialmente con su asignatura Ecosistema y Entorno Dominicano (PPC-600),
las cuales promueven principios y estrategias que permitan a los estudiantes
hacer eficiente la aplicación de políticas medioambientales a todos los
niveles, en beneficio de las comunidades locales, las empresas y la sociedad en
general.
Los maestrantes analizan los
instrumentos teóricos y metodológicos relativos a políticas de manejo
sustentable de los recursos naturales, especialmente los contemplados en la Ley
64-00, con miras a elevar el nivel del debate nacional sobre la problemática
medioambiental y aportar soluciones prácticas.
Entre los objetivos de la
asignatura POL-628 se plantean, en primer lugar, líneas de investigación
relativas al diseño e implementación de políticas vinculadas al uso racional de
los recursos naturales y a la conservación de la biodiversidad. En segundo
lugar, se promueve el desarrollo e implementación eficiente de los instrumentos
de políticas dirigidas a lograr la sostenibilidad social, económica y ecológica
con un enfoque participativo; y, finalmente, nuestros maestrantes elaboran, analizan
y evalúan programas, planes y proyectos vinculados a la gestión ambiental, con
miras a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.
Principios de Política Ambiental
En la República Dominicana,
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la institución encargada
de establecer las políticas ambientales. Le corresponde planificar y ejecutar acciones
para la prevención, el control y la evaluación de la gestión ambiental en el
país.
Por esa razón no se explica
que todos los años ocurran incendios forestales incontrolados en gran parte del
territorio nacional, sin que las autoridades muestren su voluntad de evitarlos,
mediante la implementación de medidas preventivas adecuadas.
Es competencia del
Ministerio de Medio Ambiente registrar la evaluación de impactos ambientales
como una herramienta técnica de uso generalizado y riguroso por parte de los
sectores extractivos y productivos. Sin embargo, la ciudadanía está lejos de
ser escuchada en sus reclamos para que cese la extracción indiscriminada de
agregados que destruyen las fuentes de agua.
Según Gutiérrez et al. (2013)
y Rodríguez-Becerra (1994; 2015), existe una serie principios que deben guiar
cualquier política ambiental, entre los cuales seleccionamos los siete
siguientes:
1)
principio del desarrollo sostenible que
busca detener los graves procesos de
deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, restaurando muchos de
los daños infligidos y haciendo buen uso de los recursos;
2)
principio de responsabilidad que
lleva a los sectores a hacerse responsables de las emisiones producidas por la
generación de energía, industria, transporte, edificios y construcción, así
como la agricultura;
3)
principio precautorio al que se recurre en caso
de incertidumbre científica sobre una sospecha de riesgo para la salud humana o
el medio ambiente que se derive de una acción o política determinada;
4)
principio de sustitución que nos
lleva, por ejemplo, a reemplazar procesos de alto consumo energético por otros
más eficientes;
5)
principio "el que contamina paga" que
se aplica cuando no se puede prevenir el daño ambiental causado a especies
protegidas y hábitats naturales, el agua y el suelo, entre otros;
6)
principio de coherencia que requiere la
coordinación interinstitucional y la integración de asuntos ambientales en
otros ámbitos; y
7)
principio de cooperación que implica la integración
de líderes de las comunidades o grupos sociales en la definición y ejecución de
metas ambientales.
Estos principios tratan de
garantizar que la protección del medio ambiente se tome en cuenta a la hora de
diseñar y aplicar el resto de políticas nacionales. A nivel internacional,
destacamos la Declaración del Milenio subscrita por diversos países en Nueva York,
en septiembre del 2000, que reafirma los principios del desarrollo sostenible
incluidos en la Agenda 21. En ella, las naciones se comprometieron a
intensificar la cooperación y la coordinación de acciones orientadas a la
institucionalización de la gestión ambiental entre las organizaciones
internacionales y regionales en asociación con el sector público y privado, con
miras a reducir el número y efectos de los desastres naturales y de las
presiones antropogénicas (PNUMA, 2003).
Instrumentos de Política
Ambiental
La política ambiental debe
basarse siempre en los resultados de estudios científicos que evalúen los instrumentos
jurídicos, administrativos, técnicos, económicos y sociales. Gutiérrez et
al.(2013) explican que los instrumentos
jurídicos comprenden un conjunto de normas y disposiciones legales sobre el
medio ambiente, mientras que los instrumentos
administrativos corresponden a las evaluaciones de impacto ambiental y
auditorías ambientales. De hecho, la política ambiental parte de lo establecido
en la legislación, armonizando lo económico con los objetivos sociales, mediante
la aplicación normas que permiten controlar los procesos productivos, promueven
cambios tecnológicos e inducen comportamientos hacia la protección ambiental.
Lamentablemente hemos visto
que en nuestro país muchas normas no se aplican a los procesos productivos agropecuarios
y de explotación minera, los cuales provocan impactos ambientales de gran
magnitud e irreversibles. Cabe señalar el desorden en el uso de los suelos que
impera en el campo dominicano o en empresas mineras que adoptan normativas de
otros países con características geográficas muy diferentes, provocando
resultados contraproducentes.
En cuanto a los instrumentos técnicos, utilizados para
prevenir y/o corregir los daños ambientales, señalamos la aplicación de tecnologías
para hacer operativa la legislación dominicana que sustenta el sistema nacional
de evaluación de impacto ambiental. A esto se suma la necesidad de calificar
los consultores autorizados para realizar las evaluaciones y auditorías
ambientales, así como la obligatoriedad de realizar la consulta previa a los sectores
afectados directa e indirectamente.
Con respecto a los instrumentos económicos y fiscales (subvenciones,
impuestos, tarifas a pagar por el uso de servicios y bienes ambientales),
podemos señalar que nos permiten recompensar costes de acciones positivas y
penalizar los que perjudican al medio ambiente. Ocampo (1999) expresa que en
muchos casos se consigue financiar parte del desarrollo sostenible y cumplir
ciertos estándares de previsión de servicios asociados a la calidad ambiental y
conservación de recursos naturales.
Rodríguez-Becerra (2015) opina
que se requiere de una institucionalidad fuerte y eficiente, de la cual
carecemos hoy en día, que garantice el control del cumplimiento de la
normativa, así como la aplicación de mecanismos de penalización y multas que
sustentan el principio de contaminador-pagador y el principio precautorio. La descentralización
en la toma de decisiones, por ejemplo, permite al contaminador introducir
cierta flexibilidad en las decisiones de consumo o producción, minimizando el
costo social de lograr un nivel de calidad ambiental y transfiriendo parte del
costo ambiental de la contaminación hacia el individuo responsable de tal
decisión. De ahí que es importante considerar los instrumentos sociales que se apoyan en proyectos ambientales, la
información y la participación con miras a concienciar a la sociedad a través
de la educación ambiental.
Responsabilidad Estatal en
las Políticas Medioambientales
Las políticas nacionales
ambientales desarrolladas en los países, en general, han surgido de las
convenciones y acuerdos jurídicamente no vinculantes suscritos en la Conferencia
de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo: biodiversidad, bosques,
cambio climático y Agenda 21.
Rodríguez-Becerra (2015)
considera que las políticas ambientales que están formalmente establecidas en
Brasil, Chile, Colombia, México y Panamá enfatizan la adaptación y mitigación
de las amenazas ambientales globales, el desarrollo sostenible y las políticas
derivadas de tratados multilaterales que fueron consecuencia de la Cumbre de la
Tierra. En adición, recogen, adecúan y adicionan aquellas políticas sobre
convenios globales previos, como las del Protocolo de Montreal, dirigidas a
disminuir la emisión de las sustancias que generan la destrucción de la capa de
ozono.
En la República Dominicana,
las políticas ambientales oficiales van dirigidas a lograr el uso racional de
los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad en las áreas
protegidas, como se refleja en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales. En tal sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
es la institución encargada de trazar y ejecutar una serie de acciones o
esfuerzos políticos con el objetivo de lograr el uso racional y sostenible de
los recursos naturales, en el marco de la Ley 64-00 y otras regulaciones
vigentes. Asimismo, este ministerio está obligado a diseñar e implementar
políticas y estrategias de conservación -coherentes y orientadas a la
sostenibilidad- en el manejo de los recursos naturales.
En el 2010, nuestra Carta
Magna establece en sus artículos 66 y 67 que la conservación del equilibrio
ecológico y la protección del medio ambiente es responsabilidad del Estado. Por
lo tanto, debe prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente
en provecho de las presentes y futuras generaciones. Se consigna, además, que toda
persona tiene derecho, individual y colectivamente, al uso y goce sostenible de
los recursos naturales, así como a habitar en un ambiente sano.
Específicamente en el Art.
67 de la Constitución se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia,
comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de
residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos. El Estado se compromete a promover
el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes e imponer las
sanciones legales por los daños causados al medio ambiente y a los recursos
naturales. Finalmente, la constitución establece la necesidad de cooperación
con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de nuestra
frontera marítima y terrestre.
De igual modo hay que
considerar la Ley 01-12 que contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)
2010-2030 que en su cuarto eje plantea una serie de políticas tendentes a
lograr un manejo sostenible del medio ambiente y una adecuada adaptación al
cambio climático. Asimismo, en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura
ha incorporado en forma muy tímida la dimensión ambiental y mucho menos tecnologías
para promover la agricultura sostenible.
Ha sido notoria la debilidad
del Ministerio de Medio Ambiente para ejercer el control ambiental de las
actividades agropecuarias, como el caso reciente de la mosca del Mediterráneo y
los problemas frecuentes de abuso en la utilización de agroquímicos en los
cultivos. A esta deficiencia se añade la baja integración interinstitucional para
conservar y hacer uso sostenible de la diversidad biológica en los planes
nacionales y políticas sectoriales en las políticas de aprovechamiento de los recursos
naturales renovables. Todo esto contrasta con la frecuencia en que documentos y
organigramas oficiales incluyen esas políticas ambientales, mientras predomina
la visión extractivista de los recursos naturales. Es decir, la conservación se
considera un asunto secundario frente al de la explotación.
En general, observamos que
los gobiernos locales y municipales se han preocupado muy poco por incorporar la
dimensión ambiental para enfrentar la vulnerabilidad socio-ambiental frente a
fenómenos naturales, como los huracanes y sequías que ocasionan desastres. Todo
esto se vincula tanto con la pobreza como a la destrucción y el deterioro de
fuentes de agua y ecosistemas boscosos, la degradación de suelos ambientalmente
frágiles, la ocupación de áreas expuestas a las inundaciones y deslizamientos,
el hacinamiento y la pérdida de bienes culturales e históricos.
Las
políticas medioambientales en nuestro país básicamente están orientadas en
regulaciones que buscan minimizar los daños causados por la deforestación
irracional, la contaminación del agua y del suelo, la disposición inadecuada de
los desechos sólidos, entre otros problemas ambientales. Aunque el país ha
logrado reducir los procesos de deforestación y cuenta con un marco legal
favorable para la adopción de políticas ambientales, su incidencia ha sido
mínima en la reducción de los hornos de carbón vegetal y de las emisiones de
los gases de invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles con
fines energéticos para electricidad y transporte, por citar un ejemplo.
Pero, ¿estamos conscientes
de que los problemas del medio ambiente se resuelven a largo plazo? Las
decisiones y programas de gestión ambiental necesitan tiempo para mostrar
resultados. Sin embargo, podrían ser más eficientes si logramos coordinar
nuestros esfuerzos en la búsqueda de soluciones internacionalmente aceptables y
aplicables tanto a los países industrializados como a los de en vía de
desarrollo.
La República Dominicana es
signataria de varios acuerdos y convenios, entre ellos el Protocolo de Kioto
sobre el cambio climático. Este acuerdo internacional busca reducir las
emisiones de los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento
global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y
óxido nitroso (N2O). Adicionalmente,
el Ministerio de Medio Ambiente está adherido a varias convenciones ambientales
globales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC, 1998), la Convención de Lucha contra la Desertificación
(UNCCD, 1997), y el Anexo III de la Declaración de Río sobre el Manejo,
Conservación y Desarrollo Sustentable de los Bosques (1992), que tratan
aspectos directamente relacionados con los recursos naturales.
Importancia de Políticas
Medioambientales en las Empresas
Igual que los gobiernos han
definido un marco regulativo de protección al patrimonio natural de la nación y
están obligados a formular y establecer sus políticas medioambientales, las
empresas también deben contribuir a mejorar las condiciones ambientales a lo
interno y en las comunidades donde operan.
Pero, ¿por qué una empresa o
institución privada debe definir su política ambiental? ¿No es suficiente que
el Estado aplique las políticas medioambientales?
Es indudable que el sector
privado empresarial dominicano viene realizando una serie de esfuerzos técnicos
y económicos a fin de mejorar la gestión ambiental y acceder a nuevos mercados.
Tanto es así que muchas empresas han modificado su forma de actuar hacia el
medio ambiente y procuran cumplir las normas ambientales emitidas por el
Ministerio de Medio Ambiente.
Como una respuesta a los
tratados internacionales, las empresas han adoptado tecnologías de menor
impacto ambiental y medidas para ahorrar energía y agua. De igual modo, prestan
mayor atención a los impactos ambientales de las actividades productivas, dados
los costos que impone la competitividad, la normatividad ambiental y la
responsabilidad social empresarial asumida en sus políticas ambientales.
En nuestro país, igual que
en otros países latinoamericanos, el sector empresarial exige seguridad
jurídica en materia ambiental y con este propósito implementa sistemas básicos de
gestión ambiental o mecanismos de producción limpia. A este sector se suman los
medios de comunicación masiva, así como organizaciones no gubernamentales u ONG
especializadas que inciden en la toma de decisiones políticas relativas a problemas
ambientales locales específicos.
La definición de una
política ambiental a nivel de empresa es un requisito de los sistemas de
gestión medioambiental certificados como ISO-14001 y EMAS, que evidencian su
forma de contribuir con una gestión ambiental eficaz en la comunidad donde
lleva a cabo sus operaciones. El EMAS (Eco-Management and Audit Scheme o
Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) es una normativa
voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones con un
SGA y han adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante
auditorías independientes (Clemente, 2007; Dourojeanni y Quiroga, 2006; Martín,
2006).
La política ambiental
empresarial debe partir desde dentro, con la participación activa de la
gerencia y de cada uno de sus empleados en las políticas ambientales trazadas. Es
decir, debe ser elaborada por un equipo en el que estén representados todos los
niveles jerárquicos, concienciados sobre la importancia de mantener un ambiente
sano. Conviene realizar talleres o conferencias sobre temas como la
conservación y uso eficiente del agua, la generación y disposición de los
desechos sólidos propios de la empresa, la producción sostenible y el impacto
del cambio climático, entre otros.
Una vez elaborada la
política ambiental de la empresa, se requiere orientar e informar a los
empleados sobre cómo implementar las acciones propuestas para mejorar la
calidad medioambiental en la empresa y en la comunidad. Es el momento de
estimular la creación de una empleomanía con una cultura de producción y
consumo sostenible, basada en una gestión que minimiza los daños al medio
ambiente. De esta manera, la gestión ambiental de la empresa puede llegar a ser
eficaz, mostrando su responsabilidad social y ambiental al minimizar las
pérdidas humanas y económicas, así como evitando o remediando los daños
ambientales.
Sistemas de Gestión
Ambiental en las Empresas
¿Cómo obtener el desarrollo
económico, la eficiencia y la innovación propios de la competencia y, al mismo tiempo,
orientar las fuerzas hacia la protección del medio ambiente? La respuesta a
esta pregunta nos conduce a reconocer la necesidad de las regulaciones y de la
intervención del gobierno para conciliar el desarrollo económico y la protección
del medio ambiente. Según Herrera y Gutiérrez (2011), esto implica adoptar medidas
de eficiencia energética, innovaciones en la tecnología y en las técnicas
administrativas, minimización de los desperdicios y otras prácticas ambientalmente
racionales que demandan la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA).
El SGA permite a las
empresas identificar y evaluar sus impactos ambientales reales y potenciales,
logrando una mayor eficiencia y un mejor desempeño en materia ambiental. De
hecho, al definir una política ambiental, la empresa puede reducir costos y
prevenir gastos asociados a deficiencias en el desempeño ambiental, así como detectar,
eliminar y controlar gastos excesivos de materias primas, insumos y los
asociados a la generación de residuos.
Entre los beneficios de
establecer un SGA en la empresa podemos citar: a) la optimización en el uso de
la energía y el consumo de recursos naturales no renovables; b) la valorización
de los residuos por medio del reciclaje; y c) la utilización de materiales
alternativos menos contaminantes. Asimismo, identificar los requisitos legales
aplicables, nacionales e internacionales, a los que la empresa puede
suscribirse para darle cumplimiento. En tal sentido, llama la atención como las
empresas embotelladoras de agua han disminuido el grosor del plástico como una
manera de facilitar su degradación en un menor tiempo.
Fernández (2002) opina que las
empresas certificadas pueden obtener con mayor rapidez los permisos y
autorizaciones por parte de las autoridades y entidades acreditadoras, al mismo
tiempo que mejoran el ambiente laboral y su relación con los empleados, quienes
han de comprometerse e involucrarse en la consecución de los objetivos
ambientales.
Es de suma importancia que cada
empresa transmita su compromiso de cuidar al medio ambiente a su personal, proveedores,
clientes y a la comunidad a la que pertenece. Su personal debe recibir la capacitación
pertinente, de manera que se solidarice con la empresa y se involucre en lograr
el uso racional de los recursos naturales y un mejor desempeño ambiental en la
disposición final de los desechos sólidos y otras medidas.
Muchas empresas extranjeras
establecidas en nuestro país se encuentran certificadas por la Norma
Internacional ISO 14001 en todas sus instalaciones, lo cual significa que poseen
un SGA adecuado para disminuir los impactos que producen en sus instalaciones,
su entorno y la comunidad.
ISO 14001 especifica los requerimientos para el
desarrollo de un sistema de administración ambiental y es aplicable a cualquier
organización que desee establecer, implementar, mantener y mejorar su sistema.
A nivel internacional existen más de 285,000 empresas certificadas en ISO 14001.
La
norma ISO 14001 permite incorporarse en cualquier sistema de administración
ambiental. El alcance de la aplicación dependerá de factores tales como la
política ambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades, sus
productos y servicios, la ubicación del lugar, así como las condiciones en las
que opera. Proporciona a las organizaciones los elementos de un sistema de
gestión ambiental efectivo, armonizando algunos beneficios ambientales y
económicos.
La ISO 14001 es
completamente voluntaria, por lo que no tiene la fuerza de la ley, es decir, su
incumplimiento no significa castigos legales. Sin embargo, su obtención
proporciona a las organizaciones el reconocimiento a nivel internacional de su
cumplimiento con una política ambiental que toma en cuenta la preservación del
medio ambiente y de las comunidades vecinas. Esto refleja el compromiso de la
mejora continua de su desempeño ambiental y de mantener su preocupación por
mejorar el medio ambiente y su entorno en los sitios donde realiza sus
actividades.
Otro
ejemplo que podemos analizar es el de una empresa de embutidos que desea
cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001. Esta debe asumir las medidas
sanitarias de preservación, restauración y mejora de las condiciones del medio
ambiente relacionadas con la salud humana. De mismo modo debe apegarse a la
legislación vigente para el sacrificio de animales de abasto público y el
procesamiento, transporte y comercialización de su carne.
En este caso, la empresa de
embutidos buscará modernizar y actualizar las normas internas que regulan el
sacrificio de animales para consumo humano, mejorando la calidad e inocuidad en
productos y procesos que avalen la protección ambiental y de la salud humana. Debe
considerar las normas relativas al uso del agua y los vertimientos al medio
acuático y el sistema de alcantarillados, así como a la gestión integral de los
residuos sólidos.
El Banco Interamericano de
Desarrollo plantea que antes de establecer su política ambiental, cada empresa
debe identificar los impactos que genera y los que potencialmente podrían
generarse. Luego, ha de reducir las perturbaciones del equilibrio ecológico,
dirigiendo sus esfuerzos y recursos hacia las áreas más vulnerables a esos
impactos. Igualmente, deberá buscar nuevas alternativas para lograr la
disminución, reutilización y eliminación de residuos de manera ambientalmente
responsable y viable económicamente (BID, 2003).
Cuando una empresa produce
cuidando el medio ambiente en cada una de las etapas de fabricación del producto,
también mejora su calificación y su imagen: demuestra un compromiso real en su
deseo de reducir los impactos ambientales generados por sus actividades. Los
proveedores, la comunidad y sus clientes reconocen su responsabilidad social
corporativa de llevar un desarrollo económico compatible con el ambiente y valoran
su liderazgo en el cuidado ambiental respecto de otras empresas del mismo
rubro.
Corresponde a las empresas
continuar impulsando planes de manejo ambiental y el uso de herramientas de
producción más limpia, si desean mejorar sus estándares de productividad,
competitividad y rentabilidad. De esta manera se disminuyen los riesgos
socioambientales y se hace uso eficiente de materias primas y recursos
naturales, se reduce la contaminación en la fuente de sus procesos, productos o
servicios, evitando así sanciones económicas por parte de las autoridades
ambientales y ofreciendo al mercado productos fabricados bajo tecnologías
limpias.
Cabe señalar que para lograr
el desarrollo sostenible, una gestión ambiental exitosa sólo será posible
mediante el trabajo conjunto de las instituciones del Estado, las empresas y la
comunidad. En tal sentido, la empresa que define su propia política ambiental,
asegura el compromiso de la dirección en cuanto a la protección ambiental, el
compromiso de mejora continua y el cumplimiento de los requisitos legales. De
ahí que debe lograr que los objetivos ambientales contemplados en nuestra
legislación sean integrados a los empresariales dentro de la planificación
estratégica, con un buen plan de acción. La ejecución de este plan implica
determinar los objetivos y metas, establecer prioridades, designar
responsabilidades y destinar los recursos humanos, técnicos y económicos
necesarios para su cumplimiento.
Conclusión
Los principales actores de
la política ambiental son el gobierno, los empresarios y la población. Dadas
las exigencias de mejor calidad ecológica del producto y un ambiente sano por
parte de la población, los empresarios se ven motivados a satisfacerlas. Reconocen
que el uso de tecnologías limpias y el manejo sustentable de los recursos
naturales que usan como materia prima implica mayores inversiones, pero está
asociado a mayores rendimientos, productividad y rentabilidad de sus empresas.
Cada empresa deberá generar
una política ambiental conforme a su propia naturaleza y disponer de los
mecanismos pertinentes para la implementación exitosa y control de su SGA. Ese
sistema de gestión ambiental ha de orientar los procesos productivos hacia la
conservación de materias primas y energía, la eliminación de materias primas
tóxicas, así como a la reducción de la cantidad y toxicidad de emisiones
contaminantes y de los desechos.
Las empresas, a través de su
política ambiental, se ven obligadas a dar cumplimiento a las normas
ambientales que tienen efectos económicos en los costos de operación, ya que
son reconocidas y validadas por el público y en el comercio internacional. Las normas ISO 14000 y las EMAS son
instrumentos que garantizan el adecuado funcionamiento ambiental de los
procesos productivos de una empresa en particular. Es importante que las
empresas midan, monitoreen y evalúen su desempeño ambiental de forma continua,
a fin de asegurar su efectividad en el logro de sus objetivos ambientales y
cumplir con su compromiso de mejora continua expresada en su política
ambiental.
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